La Oficina Antifrau de Cataluña (OAC) ha comunicado en el Ayuntamiento que ha archivado su investigación sobre el edificio La Ringlera, en no apreciar delito ni tampoco ningún supuesto de uso o destino irregulares de fondos públicos por el sobrecoste de las obras. El fiscal en cabeza de Mataró ya archivó al 2015 la denuncia que presentó la OAC por supuestas irregularidades en no ver indicios de responsabilidad penal.
La empresa municipal PUMSA adjudicó en julio de 2007 a FCC la construcción del edificio de usos terciarios al sector de la Ringlera por un presupuesto de 15.647.859 €. Las obras, acabadas en mayo de 2010, pasaron a 22.329.850 € de coste final (ambos precios sin IVA). El Ayuntamiento acabará pagando por el edificio 21.160.208,96 € más el IVA después de negociar con FCC el pago aplazado. Al 2019 se abonará el último pago pendiente (2.352.041,80 € más los intereses pactados).
Antifrau ha analizado el trabajo resultante de la Comisión informativa municipal constituida al 2016 con carácter especial para estudiar la licitación, construcción y comercialización del edificio La Ringlera. Además de excluir la responsabilidad penal, la OAC concluye que “no se aprecia en los hechos comunicados ninguno otro supuesto de uso o destino irregulares de fondos públicos, de cualquiera otro aprovechamiento irregular que comporte conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas del ejercicio de funciones públicas, de actividades ilegales o contrarias a los intereses generales o a la debida gestión de los fondos públicos, o de conductas opuestas a la probidad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión llena a la ley y al derecho”. El OAC emplaza a utilizar la vía administrativa y/o la jurisdiccional civil para reclamar los sobrecostes no justificados, demanda que ya ha sido interpuesta y admitida a trámite.
PUMSA presentó el pasado 4 de julio una demanda civil para reclamar 1,7 millones de euros de sobrecostes no justificados a la empresa GPO, encargada de la dirección de obra en la fase final de construcción, y a la constructora FCC como posible responsable civil subsidiaria. El inicio de acciones legales por vía civil se aprobó previamente al Consejo de Administración de PUMSA y se recomendaba también a las conclusiones de la Comisión informativa municipal especial.